La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras cumple ocho años de vigencia en los que se han invertido, aproximadamente, 11 billones de pesos para la reparación integral de los sobrevivientes del conflicto armado, de los cuales seis billones se han destinado a permitido la indemnización de cerca de un millón de personas, según un comunicado de la Unidad de Víctimas.
El objetivo de la ley es dignificar, reconocer, atender, asistir y reparar a los sobrevivientes de los hechos de violencia, ocurridos dentro del conflicto armado desde 1985 en los 32 departamentos del país.
“Durante los ocho años de vigencia de la ley se ha consolidado el Registro Único de Víctimas (RUV), en el que, entre 2012 y el 1 de mayo de 2019, se han incluido cerca de nueve millones de personas (8.816.304), de manera individual, que constituyen el 17,7% de la población del país”, señala en sus apartes el comunicado.
Comunidades campesinas, colectivas y barriales, organizaciones, grupos, pueblos étnicos y movimientos sociales identificados en 616 sujetos de reparación han sido atendidos.
En los 8 años de vigencia de la ley, han sido indemnizadas 986.961 víctimas, con 6,1 billones de pesos. Desde agosto de 2018, han sido atendidas 42.197 víctimas con 294 mil millones de pesos.
Más de 274 mil familias han recibido acompañamiento como medida de rehabilitación. 213.532 víctimas han recibido atención psicosocial, y 44.388, en el último año.
En los últimos 10 meses, la Unidad de Víctimas acompañó a 1.088 familiares de personas que desaparecieron dentro del conflicto armado; además, supervisó la entrega de 256 cuerpos y restos óseos.
Se avanzó también en los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) de 118 sujetos con la implementación de 474 acciones, tales como la adquisición, dotación y entrega de bienes de uso colectivo, el apoyo a proyectos productivos y proyectos de infraestructura social y comunitaria, en los que fueron invertidos 15.965 millones de pesos.
Se logró la indemnización de 12 grupos étnicos, por un valor de 3.147 millones de pesos, dineros que deben destinarse a un uso colectivo.
En 2021, es decir, dentro de dos años, termina la vigencia de la Ley de Víctimas.
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