Carteles mexicanos financian grupos ilegales en guerra sin cuartel en el Cauca

Carteles mexicanos estarían financiando las operaciones de disidentes de las Farc que se hacen llamar el grupo ‘Jaime Martínez’ en Cauca.
Esta columna cuenta con más de 400 hombres, según fuentes de la Policía y del Ejército, que se han venido concentrando especialmente, en zonas del norte del Cauca y en corredores estratégicos de las 170.000 hectáreas del Naya, territorio aún en la memoria de campesinos, entre líderes comunitarios, indígenas y afrodescendientes, por la masacre en la más cruenta Semana Santa de hace dos décadas, un recorrido de asesinatos por parte de 200 paramilitares, en aquel abril de 2001.

El ‘Jaime Martínez’ es el que estaría creando zozobra en el norte del Cauca a miembros de consejos comunitarios tanto del Naya como de otros municipios, entre ellos, Suárez, donde siguen los enfrentamientos entre estos disidentes y el Ejército que han provocado el confinamiento de 400 habitantes que buscan un refugio seguro y temen regresar a sus parcelas, en las veredas Bella Vista, El Naranjal, Bajo La Esmeralda y Los Mangos. Cerca de un centenar de ellos se encuentran, por ejemplo, en el salón comunal de Bella Vista.

Pero, además, el grupo ‘Jaime Martínez’ le declaró una guerra sin cuartel a reductos del Eln, ‘Los Pelusos’ enviados desde Norte de Santander y el frente ‘Óliver Sinisterra’ que lideraba el extinto ‘Guacho’ y que hoy busca recuperar el control en el paso que comunica al Valle del Cauca con Cauca, a través de Suárez, Timba y Jamundí para traficar armas y estupefacientes.

Como lo reconocen dirigentes de la Asociación Nacional Indígena del Norte del Cauca (Acin), del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), esta disputa por el territorio se debe a las más de 17.000 hectáreas de cultivos ilícitos, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). De hecho, este organismo reportó en 2018 que el Cauca, el quinto departamento con más cultivos de coca y marihuana en el país, tenía 17.117 hectáreas, 1.157 más que en 2017, cuando se contabilizaron 15.960.

En la disputa también se incluye el grupo disidente con el nombre de columna móvil ‘Dagoberto Ramos’ por el cual, la Acin y el Cric denunciaron amenazas, la semana pasada, contra líderes indígenas. De acuerdo con un comunicado de la Acin, “en concreto, se refiere a una respuesta militar contra los coordinadores regional de guardia indígena Albeiro Camayo, de la zona norte Oveimar Tenorio y del resguardo Huellas, Caloto, Héctor Casamachín“.

El informe de la Acin anota que “con un discurso, supuestamente, revolucionario y socialista, este grupo armado pretende disfrazar sus intereses económicos sobre el narcotráfico y el control de los cultivos de uso ilícito que han ayudado a propagar en los territorios indígenas, campesinos y afrodescendientes del norte del Cauca. Estas amenazas de muerte que seguimos recibiendo por nuestra labor autónoma de control territorial no responden a ningún proyecto político revolucionario, sino a la mezquina ambición del narcotráfico”.

Ante la grave situación se mantienen las recompensas por hasta 170 millones de pesos que, recientemente, informó la Gobernación del Cauca para lograr la captura de cabecillas de organizaciones armadas ilegales, entre ellos: Léyder Johany Noscué Bototo, con el alias de Majin Boo’, por quien se ofrece hasta 30 millones de pesos y quien comanda a los miembros del ‘Jaime Martínez’, con Israel Méndez Quitumbo, cabecilla del grupo ‘Dagoberto Ramos’. La recompensa por su captura también va hasta los 30 millones. En este mismo grupo, a un hombre que le dicen ‘Barbas’, identificado como Gerardo Ignacio Herrera, la recompensa es por otros 30 millones por ser otro cabecilla del ‘Dagoberto Ramos’.

Así mismo, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó este lunes el confinamiento en Cauca por combates entre el Ejército y disidencias de las Farc. La organización señaló en un comunicado que los enfrentamientos armados han causado el confinamiento de 200 familias en la zona rural del norte del Cauca. La OCHA habla de 500 afectados y otros estamentos en Cauca, de 400.

El alcalde de Suárez, Hernando Ramírez, insistió en que el Ejército está retomando el control de los territorios de la zona rural de esta localidad para que las familias en situación de desplazamiento retornen a sus hogares.

La minería ilegal es otro de los detonantes de amenazas, atentados y asesinatos en Cauca. Así lo reconocen líderes de Santander de Quilichao, municipio también en el norte del departamento, donde en mayo pasado, cuando se realizaba una reunión entre dirigentes, como la reconocida Francia Márquez, Carlos Rosero, Víctor Moreno, Clemencia Carabalí, Sofía Garzón todos ellos fueron blanco de una granada y disparos.

La misma Francia Márquez denunció la semana pasada que el líder Luis Armando Vargas Balanta, del Consejo Comunitario La Toma, en Suárez fue amenazado de muerte. “Recibió una llamada en la que, nuevamente, lo amenazan y le dicen que le dan 48 horas para que salga del territorio”, señaló la líder afro, ganadora el año pasado de lo que es considerado el premio Nobel del medio ambiente: Goldman Environmental Prize.

La prensa tampoco se ha escapado de las intimidaciones. A las amenazas denunciadas en Cali contra los periodistas de esta ciudad Eduardo Manzano, de Noticias Caracol; Miguel Palta, del noticiero regional 90 Minutos; y Fransuá Martínez, de Blu Radio, junto con los camarógrafos Alexánder Cárdenas y Arlex Piedrahíta por los cubrimientos relacionados con municipios caucanos con cultivos ilícitos, se sumó otra la semana pasada contra un equipo de periodistas de Proclama Cauca.
El director de este medio, Alfonso Luna Geller, dijo que se recibió una llamada de un hombre que dijo ser jefe de una disidencia. “Se detuvo el vehículo en el que nos movilizábamos (cinco periodistas y dos escoltas), quienes, gracias al altavoz del celular, escucharon y grabaron las intimidaciones de que éramos víctimas”, expresó el directivo que añadió que se desplazaban a una reunión entre la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, con delegados del Cric.
Por su parte, consejeros de la Organización Nacional Indígena (Onic) rechazaron todas estas amenazas a la población y recordaron la ola de asesinatos de líderes indígenas. En lo que va del año van 18 muertos y en 2018 mataron a 58 líderes, entre indígenas y afros. Para la Onic, cada vez es más evidente el extirminio de los suyos.
La Defensoría del Pueblo busca llevar, por ahora, ayudas humanitarias a la comunidad de áreas rurales en Suárez, al tiempo que mantiene la alerta por hombres armados en zonas del Naya. Allí fueron secuestrados en el primer semestre de 2018, cuatro líderes del Consejo Comunitario del Alto Naya, entre ellos, Íber Angulo, cuyo paradero aún es desconocido, luego de que fue arrebatado por hombres armados a una misión humanitaria de la Defensoría que en mayo de ese 2018 trató de sacarlo en lancha de López de Micay, donde vivía, con rumbo a Buenaventura.