Listo el plan del Gobierno para vender activos por $8 billones

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El portafolio de empresas en las que el Estado tiene inversiones llegó el año pasado a 105, y sus inversiones pasaron de $70 billones a rozar los $80 billones.

Así se desprende del Reporte Anual de Empresas de la Nación 2018, el primero que hace la Administración del presidente Iván Duque, que tiene en mente un plan de enajenaciones para financiar el Presupuesto de la Nación de 2020.

El informe se presenta en medio de los debates que comienzan en el Congreso para tramitar la ley de rentas y gastos del próximo año, que asciende a $271 billones, pero al cual aún le faltan unos $8 billones para cubrirlo plenamente.

Sin embargo, de forma paralela, el Ejecutivo trabaja en un plan para armar una holding financiera, que le permita mejorar las sinergias entre entidades, de tal forma que las compañías de las que no salga el Gobierno, se vuelvan más competitivas.

‘HOLDING’ FINANCIERA

De hecho, Duque aseguró hace unos días que “una de las tareas que estamos próximos a abordar, con el liderazgo del Ministro de Hacienda (Alberto Carrasquilla), es la consolidación de una holding financiera del Estado, que nos permita tener en los mercados un mecanismo para mejorar la gobernanza y, por supuesto, para generar mucha confianza por parte de todos los actores”.

Y adelantó que el Banco Agrario podría hacer parte de este grupo, aunque este diario conoció que también se está considerado la inclusión de otras entidades como la Fiduprevisora, Positiva, Fiduagraria y Fiducoldex, algunas de las cuales se fusionarían y todo el plan quedaría en máximo dos meses, según una persona cercana al proceso.
Los nombres exactos no se conocen aún, pero, entre tanto, el Minhacienda ya estableció que la participación que tiene el Estado en firmas del sector financiero es vital, con lo cual la unión de las empresas se concentraría plenamente en esta rama.

En este sector se han identificado importantes sinergias entre empresas que desarrollan objetos sociales similares, así como entre compañías que atienden diferentes nichos de mercado pero en donde es posible aprovechar alianzas comerciales. Con este enfoque (…), el Gobierno busca generar ahorros y recursos para la Nación en el corto plazo que eventualmente le puedan significar ingresos adicionales a los esperados por dividendos”, dice el reporte.

Vale mencionar que, según los datos actualizados, el Ejecutivo tiene posiciones en 16 compañías financieras, de las cuales en 13 tiene control, mientras que entre las otras tres cuenta con participaciones minoritarias, pero en su conjunto, las inversiones superan los $14,2 billones. Además, por sectores, es el que lidera en el portafolio estatal, Estado, descontando las de hidrocarburos, donde está la participación de la Nación en Ecopetrol, que supera los $50 billones.

Esta es quizá la principal razón para consolidar al sector financiero como herramienta para armar la holding, que se planea crear con base en las facultades extraordinarias que el Congreso le dio a Duque en la ley del Plan de Desarrollo.

Además, según lo dicho por Carrasquilla en el reporte, los recursos invertidos en las más de 100 compañías “tienen un gran potencial de ser rentabilizados de manera sostenible”.

En esto coincidió Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, quien agregó que “uno de los temas que quedó claro en el Conpes 3927, que sacó el gobierno anterior el año pasado, fue una recomendación de constituir la holding, porque se veía oportunidad de mejorarla rentabilidad, reducir los costos y generar economías de escala. En el Conpes está explícitamente mencionado la posibilidad de materializar esto, vía eficiencias en el sector financiero, con lo cual me parece positivo”.

Y agregó que esto da cuenta de “la continuidad de una política que plantea que hay que generar eficiencias y mejorar el gobierno corporativo de las empresas con participaciones estatales”.

AJEDREZ

Con estas operaciones internas, el Minhacienda planea completar el paquete de medidas en cuanto a enajenación de activos y optimización de recursos, que también incluye “la captura de eficiencias y sinergias entre compañías y la revisión de sus modelos de negocio”, así como “la desinversión de participaciones poco rentables o no estratégicas”.

Es por esto que están trabajando en un plan para “encontrar un balance entre rentabilidad empresarial y sostenibilidad fiscal”, tal y como dijo Carrasquilla en el informe, en el cual concluyó diciendo que “la atención de necesidades públicas sociales debe primar sobre las bajas rentabilidades empresariales y sobre la permanencia de la participación estatal en sectores competidos o en donde no es necesario que la Nación continúe siendo accionista”.

Para este último caso, existen dos aristas en las que se están trabajando: la primera incluye al Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes), creado en su momento para manejar los dineros recibidos por la venta de Isagén, pero ahora serviría para invertir en el capital social de empresas de servicios públicos mixtas u oficiales, según un decreto.

“La idea es entregarle generadoras y electrificadoras al Fondes y, a cambio, recibir liquidez”, explicó una fuente del Minhacienda, quien anotó que la idea es que el Estado financie al mismo Estado, a través de operaciones internas, sin necesidad de buscar inversionistas privados, ni llevar a cabo procesos de privatización que, por ley, tienen trámites que toman varios meses.

La segunda arista incluye a la Central de Inversiones S.A. (Cisa), que se encargaría de vender las participaciones minoritarias de la Nación, es decir, aquellas en las que Colombia no tenga más del 49%.

MENOR PARTICIPACIÓN

La Nación tiene 66 empresas en las cuales no tiene una participación mayoritaria, e incluso, en gran parte de estas, su presencia es inferior al 10%, es decir, no tiene control accionario. Allí hay de todo: desde sociedades portuarias, pasando por terminales de transporte de todo el país, e incluso algunos canales de televisión que, hoy por hoy, no le generan mayor rentabilidad. De hecho, de acuerdo con el informe, los dividendos recibidos por la Nación, producto de las utilidades generadas por sus empresas, es de $9 billones, de los $8,1 billones los dio Ecopetrol. Esto llevó al Ejecutivo a tramitar un artículo en la ley del Plan de Desarrollo, con el fin de autorizar al Minhacienda para que, a través de Cisa venda de forma directa algunas de esas posiciones.

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