El Estado colombiano pasará al tablero para rendir cuentas sobre su incumplimiento con relación a 14 de las 22 sentencias en las cuales ha sido condenado ante la justicia internacional, por su responsabilidad en violaciones de derechos humanos.Las diligencias que se hacen a puerta cerrada en el centro de Bogotá contarán con la presencia de víctimas de masacres emblemáticas que marcaron al país por la barbarie de sus acciones.
Los tres paneles de la CIDH
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tendrá expuestos tres paneles concretos.
El primero de ellos concierne a la revisión de seis casos de desaparición forzada en el que se verificará si el Estado ha cumplido con su obligación de realizar la búsqueda, identificación, exhumación y entrega digna de los restos a los familiares de las víctimas.
El segundo panel revisará sentencias que tienen enfoque psicosocial y enfoque diferencial. Esto luego de que en 2017 se pactara que además de la reparación económica le deben brindar a las víctimas el servicio de médico especializado en atender víctimas de violencia.
El tercer y último panel es la una revisión individual al avance de los procesos penales en curso.
EL PRIMER PANEL
‘Las Palmeras’
La primera en la lista de la Corte IDH se encuentra ‘Las Palmeras’, allí el 23 de enero de 1991 en la localidad de Las Palmeras, el comandante departamental de la Policía de Putumayo ordenó a miembros de la Institución y del Ejército llevar a cabo una operación armada.
Los miembros de la Fuerza Pública acudiendo a este llamado, llegaron a una escuela rural donde detuvieron y asesinaron a siete personas: Artemio Pantoja Ordóñez, Hernán Javier Cuarán, Julio Milciades Cerón Gómez, Edebraiz Cerón Rojas, William Hamilton Cerón Rojas, Hernán Lizcano Jacanamejoy y Moisés Ojeda.
Si bien, en algunos casos ha existido reparación, lo que busca el alto tribunal internacional es identificar a Moisés Ojeda, dentro de un plazo razonable, exhumar y entregar sus restos mortales a sus familiares.
‘Isaza Uribe’
El reporte de la CIDH da cuenta de que en 1987, 19 comerciantes de productos electrodomésticos fueron desaparecidos por grupos paramilitares en el Magdalena Medio.
En esta ocasión lo que busca la CIDH con la audiencia es revisar si se ha efectuado, en un plazo razonable una búsqueda seria, en la cual se determine lo ocurrido con los restos de las víctimas.
‘Caballero Delgado y Santana’
El expediente data que el 7 de febrero de 1989 Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, miembros del Movimiento 19 de Abril, fueron detenidos por miembros del Ejército y por varios civiles que trabajaban con ellos.
Los familiares de Caballero Delgado y Santana iniciaron su búsqueda en diversas instalaciones militares. Sin embargo, las autoridades a cargo de dichos centros negaron que hubieran sido aprehendidos.
En ese entonces, se interpusieron acciones judiciales y administrativas para ubicar el paradero de la pareja y sancionar a los responsables directos, sin embargo, ninguna de estas acciones obtuvo un resultado positivo, por lo que tuvo que intervenir el organismo internacional.
Así las cosas, en la audiencia se revisará el cumplimiento del Estado para continuar con los esfuerzos de localizar los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares.
‘Puerto Bello’
El 14 de enero de 1990 en el corregimiento de Pueblo Bello, en el municipio de Turbo (Antioquia), 43 campesinos fueron trasladados por un grupo ilegal hasta el municipio de Valencia, en Córdoba, a la finca Las Tangas de los Castaño Gil, donde fueron torturados y asesinados.
En este caso, el organismo estimó que al menos 353 personas resultaron afectadas. La CIDH hace seguimiento al caso.
‘Vereda la Esperanza’
En este caso, el reporte data del año 1996, entre el 21 y 27 de junio, cuando las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) lideradas por Ramón María Isaza Arango y apoyadas por el Ejército, destruyeron la vereda la Esperanza, en El Carmen de Viboral, un municipio agricultor situado entre las montañas que rodean la autopista Medellín–Bogotá.
Por estos hechos, más de 120 personas han emprendido luchas judiciales para que se esclarezcan los hechos.
EL SEGUNDO PANEL
‘Manuel Cepeda Vargas’
Manuel Cepeda Vargas, padre del actual senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, era Comunicador Social y líder del Partido Comunista Colombiano (PCC) y de la UP.
Fue elegido como Representante a la Cámara durante el período 1991-1994 y como Senador de la República para el período 1994–1998.
Según reposa en el expediente, el 9 de agosto de 1994, fue asesinado cuando se desplazaba desde su vivienda hacia el Congreso. El reporte da cuenta de que su muerte se registró por su militancia política de oposición, y sus publicaciones como Comunicador Social
‘Guillermo Soler’
De acuerdo con el reporte, el 24 de agosto de 1994 Wilson Gutiérrez Soler fue detenido por el comandante de una unidad urbana de la Unidad Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Policía.
En ese entonces, según el expediente, Soler fue conducido al sótano de las instalaciones de dicha unidad, donde fue esposado y víctima de quemaduras, golpes y lesiones.
Y además fue forzado a dar una declaración sobre los hechos motivo de su detención, por lo que se le abrió un proceso en su contra por el delito de extorsión.
‘La Rochela’
En enero de 1989, paramilitares hicieron presencia en La Rochela, municipio de Simacota, Santander, donde atacaron a una comisión de 16 funcionarios judiciales que investigaba la responsabilidad de civiles y militares en múltiples homicidios y desapariciones cometidas en la zona del Magdalena Medio.
Precisamente los funcionarios estaban investigando la desaparición de 19 comerciantes que transitaban por la región cuando los paramilitares dispararon al grupo. El saldo fue 13 personas asesinadas y tres heridas.
Autoridades judiciales dan cuenta de que el crimen fue el resultado de una alianza entre paramilitares, narcotraficantes y algunos miembros del Ejército, y se enmarca dentro de un contexto de violencia contra funcionarios judiciales.
‘Escué Zapata’
En febrero de 1988, Germán Escué Zapata, Gobernador del resguardo indígena de Jambaló, en el departamento del Cauca, fue asesinado por integrantes del Ejército, al parecer, por su defensa del territorio. Desde ese entonces las autoridades judiciales han investigado lo ocurrido.
‘Valle Jaramillo’
A partir de 1996 el defensor de DD.HH Jesús María Valle Jaramillo empezó a denunciar las actividades de grupos paramilitares, particularmente en el municipio de Ituango. El 27 de febrero de 1998, dos hombres armados irrumpieron en la oficina Jaramillo en la ciudad de Medellín y le dispararon, provocando su muerte instantánea.
‘Masacres de Ituango’
El 11 de junio de 1996 al menos 22 paramilitares se dirigieron al corregimiento de La Granja, en Ituango (Antioquia), donde asesinaron a un grupo de pobladores. A pesar de los recursos judiciales interpuestos, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables.
Del mismo modo, hubo reporte de que entre los días 22 de octubre y 12 de noviembre del año 1997 tuvo lugar otra incursión paramilitar en el corregimiento de El Aro, también en Ituango. Al menos 30 hombres armados torturaron y asesinaron a un grupo de pobladores.
Adicionalmente, el grupo paramilitar obligó y forzó, bajo amenaza de muerte, a algunos residentes del área a arrear ganado robado durante varios días. Durante la incursión, los paramilitares sustrajeron entre 800 y 1.200 cabezas de ganado. Finalmente, antes de retirarse de El Aro, los paramilitares destruyeron e incendiaron gran parte de las casas.
‘Mapiripán’
El 12 de julio de 1997 aproximadamente un centenar de paramilitares aterrizaron en el aeropuerto de San José de Guaviare en vuelos irregulares procedentes de los aeropuertos de Neclocí y Apartadó, controlados por la Fuerza Pública, ubicados en la región del Urabá antioqueño, siendo recogidos por miembros del Ejército Nacional, quienes facilitaron su transporte aéreo y terrestre hasta Mapiripán.
En la carretera, se les unieron miembros de estos grupos criminales procedentes de Casanare y Meta y desde allí, por vía fluvial, continuaron su recorrido sin inconvenientes hasta Charras, en la orilla opuesta al río Guaviare.
Durante el recorrido de San José del Guaviare a Mapiripán, los miembros del grupo paramilitar transitaron sin ser detenidos por áreas de entrenamiento de las tropas de la Brigada Móvil II.
Por estos hechos han sido condenados varios paramilitares y el general Jaime Humberto Uscátegui, entonces comandante de la Brigada VII con jurisdicción en la zona, quien se acogió a la justicia transicional pidiendo la revisión de la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
TERCER PANEL
‘Palacio de Justicia’
El 6 de noviembre de 1985, el comando guerrillero ‘Iván Marino Ospina’, del grupo M-19, tomó el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado en Bogotá.
De acuerdo con el organismo internacional, el Ejército ya contaba, desde agosto de ese año, con información del servicio de Inteligencia que indicaba que el M-19 se tomaría el Palacio.
A pesar de ello, dos días antes de la toma, sin motivo alguno, la seguridad que brindaba la Policía a los jueces y personal que trabajaba en el Palacio fue retirada.
Tras la toma, los altos mandos de las Fuerzas Armadas decidieron recuperar el Palacio a través de un operativo militar y de Inteligencia que sólo cesaría 27 horas después.
Durante el transcurso del operativo, doce personas fueron desaparecidas forzosamente, cuatro fueron torturadas y un magistrado auxiliar fue desaparecido y luego ejecutado extrajudicialmente por agentes de la fuerza publica. Más de 90 personas murieron dentro del Palacio, incluyendo civiles y magistrados.
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