El juzgado primero Civil de Valledupar consideró que la orden de suspender la liquidación de la EPS SaludVida, no fue acatada y por ello le dio tres días al superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, para que presente las pruebas que evidencie el cumplimiento de la medida cautelar.
La jueza del caso señaló en un auto, que no se ha dado cabal cumplimiento a la orden de medida provisional que ordenó frenar el proceso de intervención a Salud Vida que estaba en curso y que buscaba trasladar más de 1,1 millones de pacientes a otras EPS.
“Lo anterior se realiza en razón a que la orden que se considera en desacato fue emitida como medida provisional urgente para garantizar no se cause un perjuicio irremediable que desvirtúe el objeto de la protección solicitada, lo cual requiere un trámite de mayor celeridad procesal” argumenta la decisión del juzgado.
De no cumplirse lo solicitado por el juzgado de Valledupar, el Supersalud podría ser arrestado por desacato.
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