La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en relación con el anunciado paro nacional de mañana 21 de noviembre reitera que la protesta pacífica es un derecho humano cuyo ejercicio fortalece la democracia.
La Oficina insta a quienes participen en las marchas a ejercer sus derechos de manera responsable, de acuerdo con los derechos a la reunión pacífica, a la libertad de expresión y a la libertad de asociación.
La Oficina ha hecho seguimiento, con preocupación, a los persistentes mensajes de procedencia no identificada que han sido publicados en redes sociales y en medios de comunicación que estigmatizan la protesta social, y otras que llaman al uso de la violencia en las movilizaciones de múltiples sectores de la sociedad.
En algunos casos se han hecho públicos videos que indican que estarían conformándose grupos de ciudadanos que amenazan con ejercer violencia para proteger sus bienes.
Hasta el momento la Oficina desconoce si existen investigaciones por estos hechos y si hay avance en las mismas.
En este contexto de creciente tensión, la Oficina recibió información sobre 27 allanamientos en Bogotá, 5 en Cali y 4 en Medellín a domicilios y oficinas, algunas de ellas de organizaciones de la sociedad civil y medios alternativos de comunicación.
Hasta el momento tenemos información que solo dos personas habrían sido detenidas en el marco de estos allanamientos.
Estos allanamientos aparentemente provienen de diferentes investigaciones, abiertas en distintas fechas, con respecto a hechos ocurridos en diferentes momentos, y cuya orden de ejecución coincide 48 horas antes del inicio de las marchas.
La Oficina confía en que estas investigaciones cumplirán con las normas y estándares internacionales de derechos humanos relacionados con el debido proceso y la presunción de inocencia.
La Fundación para la Libertad de Prensa(FLIP), en cuanto al allanamiento de medios alternativos, señala que estos procedimientos obstruirían el libre ejercicio del periodismo.
La Oficina ha recibido informes sobre un aumento de la presencia de miembros del ejército en las calles en algunas ciudades de Colombia en los días previos a la manifestación. La Oficina recuerda que, de acuerdo con las normas y los estándares internacionales, la atención a situaciones de disturbios que podrían derivar de protestas o manifestaciones públicas, así como el mantenimiento del orden público sonresponsabilidad de los cuerpos policiales.
La Oficina nota con preocupación la expedición en las últimas horas de varios decretos, circulares e instructivos[1] que contemplan la posibilidad que los alcaldes y gobernadores pongan en marcha medidas como la declaración de toques de queda, y el apoyo militar para el control de orden público en el marco de la jornada de protestas.
La Oficina recuerda que los Estados deben limitar y condicionar al máximo el uso de las fuerzas militares para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento, equipamiento, y perspectivas propias de la naturaleza militar no son adecuadas para garantizar la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales.
Los límites y condiciones para la intervención de las fuerzas militares, según los estándares internacionales, son: que esta debe ser temporal, restringida, subordinada y fiscalizada por autoridades civiles y regulada mediante protocolos sobre el uso de la fuerza.
La Oficina de la Alta Comisionada confía en que la jornada del paro nacional del 21 de noviembre se desarrollará pacíficamente como un importante ejercicio de los derechos a la reunión, expresión y asociación.
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