Por estos hechos se ordenó la liquidación de Picap en Colombia

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Tras conocerse el anuncio de la liquidación judicial a la que será sometida la sociedad CAP Technologies, que utiliza la herramienta tecnológica ‘Picap’, por considerar que realiza una actividad ilegal, la superintendente de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, aseguró que desde que entró en operación dicha aplicación, se incrementaron las muertes de parrilleros de motocicleta.

Según explicó, entre el año 2018 y lo corrido de 2019 se registraron en Colombia cinco mil 924 muertes, por accidentes de tránsito, en las que las motos fueron protagonistas.

También explicó que 1.005 víctimas mortales eran parrilleros, por lo que insistió en la necesidad de restringir cualquier tipo de transporte en el que se utilice este vehículo por considerar que es de alto riesgo.

“Estamos hablando de cifras de accidentalidad respecto a los parrilleros que han fallecido. En el año 2018 murieron 487 personas. En lo corrido del año 2019 han muerto 518 acompañantes de motocicleta”, afirmó.

Agregó que se registró un incremento en el número de víctimas mortales en accidentes de tránsito de motocicletas.

“En cifras totales en el año 2018 fallecieron 2.831 personas y en lo que va de 2019, se han registrado 3.093 muertes”.

El reporte fue entregado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en desarrollo de la investigación que la Superintendencia de Transporte desarrolló en el último año contra la empresa que utiliza la herramienta tecnológica conocida como ‘Picap’.

Valderrama explicó que los siniestros viales aumentaron desde que se empezó a ofrecer el servicio de transporte, el cual está considerado como ilegal en Colomba por el riesgo que representa para los pasajeros.

Aplicación ‘Picap’

“La Superintendencia de Transporte comprobó que la actividad realizada por CAP Technologies es ilegal, porque no se encuentra habilitada para prestar el servicio público de transporte y además porque la ley prohíbe el transporte de pasajeros en motocicleta”, afirmó.

Durante el año 2019, se realizó la investigación en la cual se determinó que dicha empresa adelanta una actividad ilegal porque no se encuentra habilitada para prestar el servicio público de transporte, además porque la normatividad actual vigente prohíbe el transporte de pasajeros en motocicleta.

“La decisión de la Superintendencia de Transporte obedece a la situación crítica de orden jurídico, financiero y contable de la sociedad, pero sobretodo, para brindar una solución a la seguridad de los usuarios y a la debida prestación del servicio público de transporte”, aseguró Valderrama.

Por considerar que dicha empresa va en contravía de los principios rectores del transporte, entre ellos libre acceso, seguridad y calidad.  “Constató la ilegalidad la Superintendencia, que en visita de inspección la sociedad manifestó retirar una medida que consideraba necesaria para la calidad del servicio consistente en utilizar gorros para protección y salubridad al momento que los usuarios utilizaran los cascos. Retiro que el Representante Legal justificó en que era así porque este elemento hace que la Policía de Tránsito los identifique más fácil”, dijo.

Valderrama además explicó qué es grave la situación de la compañía porque “registraron como su controlante es una sociedad extranjera sin identificar a su real socio principal, lo cual puede llegar a ser una conducta reprochable por la autoridad competente”.

Frente a las fallas en las que habrían incurrido las directivas de la empresa, explicó que “en visita de inspección se encontró que el representante legal de la sociedad incurrió en presuntos delitos bajo la gravedad de juramento, al manifestar entre otros, que no era representante de otras sociedades cuando sí lo es, como de la sociedad Softlab S.A.S. (pasarela de pagos utilizada por la sociedad para aparentemente evadir su real actividad de prestación del servicio público de transporte)”, afirmó.

Debido a esto, se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y a la Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, ante la decisión de primera instancia procede el recurso de reposición, que las directivas de CAP Technologies deberán presentar en los próximos 10 días hábiles.

La Superintendencia de Transporte, tendrá dos meses para pronunciarse frente a la decisión.

El proceso de liquidación se adelantará ante la Supersociedades. Actualmente 272 mil motos y 250 mil conductores están vinculadas a esta herramienta en Colombia. 

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