El director ejecutivo de la Administración Judicial, Mauricio Cuesta, aseguró que el micrófono que se encontró en el despacho del magistrado César Reyes era de la empresa anterior que ocupada el edificio y que supuestamente era usado para videoconferencias.
“La información me la dio por escrito la gerente de la Organización Santa María SAS. Me dijeron que eso era de Compensar, que era el arrendatario anterior y había instalado un sistema de conferencia con unos micrófonos pequeños que permitía mejorar las comunicaciones a nivel nacional entre las sedes de la empresa”, dijo.
Cuesta señaló que el micrófono estaba deshabilitado cuando lo encontraron y que la respuesta de la empresa la recibió un día después del hallazgo.
“Ellos (la Corte Suprema) estuvieron muy activos y le comenté al magistrado Reyes lo que me informó la empresa (…) Por eso se descarta que hubiera algo”, dijo, y además señaló que la oficina del magistrado se rifó entre los integrantes de la Sala de Instrucción cuando se trasladaron a esa sede.
Cuesta contó que en la actual oficina de Reyes quedaba la del director general del consorcio de Compensar, que operaba en dicho edificio.
Sin embargo, el fiscal (e) Fabio Espitia dijo en rueda de prensa que sus investigadores están trabajando en un informe que les solicitó la Corte Suprema para informar desde qué fecha estaba ese micrófono escondido en el techo de la oficina o el despacho del magistrado que adelanta la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.
A través de un comunicado de prensa, la Corte Suprema de Justicia calificó como un “amenaza contra el Estado de derecho” las chuzadas que reveló la revista Semana, en su edición de fin de semana, contra periodistas, políticos y magistrados del Alto Tribunal.
En el comunicado, firmado por el presidente de la Corte, Álvaro Fernando García, se pide a las autoridades judiciales acelerar las investigaciones para dar en el menor tiempo posible con los responsables de los hechos.
“Las autoridades competentes deben colaborar y sumar voluntades para adelantar una investigación especial, integral y oportuna, que llegue a la verdad sobre el delicado episodio”, dice el texto.
Además, advierte que no se frenarán investigaciones que adelantan los despachos de Sala de Instrucción de primera instancia, de la que dos de sus magistrados fueron nombrados como las víctimas de las interceptaciones ilegales.
“Ningún acto de seguimiento o intimidación contra alguno de sus magistradas o magistrados detendrá los expedientes judiciales a su cargo”, sostiene uno de los apartes del comunicado.
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