“El olvido estatal causante de la violencia en Cauca y Nariño”: Iglesia Católica

Los obispos de los departamentos de Cauca y Nariño expresaron su preocupación ante el abandono en que se encuentran las comunidades por el Estado Colombiano y clamaron para que varias personas que fueron secuestradas en el municipio de Guapi se les respete la vida y los retornen al seno de sus familias. Los prelados de la iglesia católica hicieron todo un análisis de la problemática en general que se vive en ambos departamentos del suroccidente del país.

El comunicado emitido dice lo siguiente:

“Los obispos de Nariño y Cauca reunidos en provincia eclesiástica, en el municipio de Guapi los días 5 -7 de marzo de 2020:

Manifestamos nuestra profunda preocupación por el sufrimiento de nuestros pueblos, que se expresa en el abandono del Estado de sus ciudadanos, en el incremento del número de homicidios, los continuos enfrentamientos de los grupos armados que ponen en riesgo la vida de las comunidades, el reclutamiento de jóvenes y niños, la corrupción y la inestabilidad política de algunos de nuestros municipios, el deterioro del medio ambiente, fruto de la tala indiscriminada de los bosques para la expansión de los cultivos ilícitos y el daño de nuestros sistemas hídricos por la contaminación producida por la minería ilegal.

En este contexto rechazamos el fenómeno del secuestro que vivimos en nuestra región, de manera especial el sucedido en los últimos días en el territorio del municipio de Guapi. Estamos convencidos que la vida humana, la libertad y la movilidad en el territorio son esenciales para el progreso de los pueblos.

Por eso solicitamos a quienes los tienen retenidos que les permitan retornar cuanto antes al seno de sus familias. Invitamos a las autoridades y a toda la ciudadanía en general para que juntos protejamos la vida y hagamos nuestro mejor esfuerzo en la misión que se nos ha encomendado.

Pedimos a los organismos nacionales e internacionales que tienen mandato para mediar en la liberación de los secuestrados, para que actúen eficazmente y se logre su pronta liberación.

Nos preocupa el incremento de los cultivos de uso ilícito en nuestras comunidades, y al mismo tiempo la posibilidad del reinicio de la fumigación, pues creemos que frente a las complejas problemáticas que vivimos en el territorio, se deben implementar soluciones estructurales, lideradas por el Estado y el compromiso de la sociedad civil.