Corte Constitucional ordenó medidas urgentes en cárcel de Villavicencio por COVID-19

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La Corte Constitucional ordenó una serie de medidas, con carácter de urgencia, para proteger la vida y la salud de los internos y personal de guardia de la cárcel de Villavicencio, donde actualmente se reportan 679 casos de contagio por coronavirus (COVID-19).

Dichas medidas están encaminadas a reducir el hacinamiento carcelario en esa penitenciaria, dado el alto nivel y velocidad de contagio por coronavirus.

La Corte ordenó al Inpec actualizar la documentación de todos los reclusos de esa cárcel, con el objetivo de conocer quienes tienen derecho a la libertad, para que se tramite ante los jueces de la República las solicitudes correspondientes.

La información sobre las personas condenadas que ya hayan cumplido su pena o las 3/5 partes de esta, deberá ser enviada a los jueces de ejecución de penas para que se tramita la libertad correspondiente.

La Corte señala que también se debe tramitar la libertad de las personas mayores de 60 años o con enfermedades que impliquen mayor riesgo de ser contagiadas por la COVID-19.

Por su parte, le dio cinco días de plazo al Consejo Superior de la Judicatura para que “diseñe y emita un plan de contingencia que permita a los jueces penales de Villavicencio adelantar las audiencias sin riesgo de congestión judicial por las solicitudes de libertad.

Según cifras reveladas por la Procuraduría, son por lo menos 29.690 las personas que se encuentran en las cárceles del país que tienen derecho a salir sin aplicar el decreto de casa por cárcel masiva, ordenado  para hacerle frente a la emergencia de la COVID-19.

Para dar esa información, el procurador Fernando Carrillo, se basó en datos proporcionados por el propio Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que dan cuenta del número de internos que tendría derecho a salir de la cárcel.

En ese sentido, por pena cumplida, son 1.565 que podrían salir; por haber cumplido las 3/5 partes de la sentencia hay 13.742, y 846 personas afectadas por enfermedad catastrófica.

Además, son 13.465 las personas sindicadas con un tiempo mayor de un año y que también tienen derecho a salir, según el Código Penal, y 72 los reclusos pendientes de brazalete electrónico, es decir, que tienen derecho de estar en su casa cumpliendo la condena.

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