Tras la revisión de contratos por 3.1 billones de pesos para la atención de la emergencia del COVID-19, la Contraloría General de la República puso al descubierto graves irregularidades que presuntamente se habrían cometido en diferentes niveles de entidades del orden nacional, departamental y municipal.
El contralor Carlos Felipe Córdoba manifestó que se detectaron posibles sobrecostos que superaron los $ 420.000 millones.
Entre los casos que son materia de investigación se encuentra la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por $992 millones contra dos oficiales de la Armada Nacional y la empresa contratista en la compra de tapabocas.
Aquí fueron vinculados al proceso de responsabilidad fiscal el comandante de la Base Naval ARC Bogotá, capitán de navío, Jaime Gómez González; la oficial que, realizó los respectivos estudios previos, capitán de fragata Magda Constanza Moreno Doncel; y la empresa contratista, Medivalle, a través de su representante legal, Anderson Gaminera Angulo.
Asimismo, anunció la suspendió al alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez, al que se le abrió proceso de responsabilidad fiscal por $1.051 millones, por presuntos sobreprecios en 26.666 kits alimentarios contratados por la alcaldía y la entrega incompleta de los mismos.
Igualmente, la Contraloría General de la República inició proceso de responsabilidad fiscal por el contrato de kits alimentarios por valor de $ 3.885 millones en contra de la gobernadora del Valle del Cauca y los alcaldes de Medellín, Sincelejo, Malambo, Girón y Coveñas.
El contralor general de la Republica, Carlos Felipe Córdoba, declaró de impacto nacional los hechos relacionados con la ocurrencia de presuntas irregularidades en la adquisición por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) de 769.677 kits alimentarios, por un valor total de $95.723.616.000. Se abrió de inmediato indagación preliminar.
Añadió que esta investigación por presuntos sobrecostos en 93 órdenes de pago celebradas por la Ungrd fue asumida por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
También el organismo de control eiscal abrió 40 nuevas indagaciones preliminares por presuntos sobrecostos en contratos de Covid-19, que involucran a 12 gobernaciones, 10 alcaldías, 4 entidades de salud y la Armada Nacional. En la Gobernación de César se indagan 4 contratos; en las gobernaciones de Valle, Tolima y Casanare 2. También se llevan 2 indagaciones en la Alcaldía de Tumaco (Ñariño).
Las indagaciones preliminares abarcan además a las gobernaciones de Atlántico, Nariño, Sucre, Norte de Santander, Magdalena, Vichada, Putumayo y Guainía; y Alcaldías de capitales como Medellín, Cartagena, Barranquilla, Montería y Puerto Carreño.
También se abrieron indagaciones relacionadas con las alcaldías de Barrancabermeja y Floridablanca (Santander), Granada (Meta), Susacón (Boyacá), Abejorral (Antioquia), Curamaní (Cesar), Ramiriquí (Boyacá) y Girardot (Cundinamarca).