La Fiscalía General de la Nación a través de una fiscal adscrita a la delegada para las Finanzas Criminales, decretó medidas cautelares sobre 18 vehículos que habrían sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de la actividad delictiva descrita en el artículo 353 A del Código Penal, “Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público”.
Respecto a estos bienes se comprobó, durante la fase inicial del trámite extintivo, que fueron empleados, reiteradamente, para bloquear importantes corredores viales del orden nacional. Los bloqueos generaron directas afectaciones a derechos tanto del orden individual como colectivo, al no permitir el paso de alimentos, suministros médicos y otros elementos necesarios para la comunidad, y derivaron perjuicios económicos a personas naturales y jurídicas.
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