Condenadas dos funcionarias de la Policía que exigían dinero a familiar un uniformado para no provocar su retiro de la institución

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Luego de analizar el material probatorio recaudado por la Fiscalía General de la Nación, el juez 12 penal del circuito de Cali (Valle del Cauca) profirió sentencia condenatoria en contra de las funcionarias dos funcionarias de la Policía Nacional por haber incurrido en el delito de concusión.

En el fallo se establece una pena de 8 años de prisión para la intendente Luzaida Sierra Rivera y la patrullera Karen Elisa Borja Rojas, así como el pago de una muta 66.66 salarios mínimos legales y la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 6 años y medio.

Los hechos que motivaron la decisión judicial ocurrieron en 2013, cuando las procesadas fueron denunciadas por la esposa de otro patrullero, el cual fue reubicado en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) de la Estación de San Francisco, en la capital vallecaucana, a raíz de la enfermedad de narcolepsia que le fue diagnosticada en 2010.

Según la denunciante, luego de un mes de trabajo del patrullero en la oficina asignada, la intendente Sierra y la patrullera Borja se quejaron por la condición del uniformado y comenzaron a hacerle exigencias económicas a ella para que su esposo no fuese retirado de la institución policial, tras decirle que se encontraba inhabilitado y era incapaz de cumplir las funciones propias de su cargo.

Posteriormente, las dos funcionarias conocieron que la hija de la pareja víctima, quien estaba interesada en ingresar a la Policía Nacional. Fue entonces cuando le ofrecieron un curso de inducción, a cambio de cancelar mensualmente $90.000.

Con el tiempo, de acuerdo con lo establecido, tales exigencias se volvieron continuas e incluyeron pasajes aéreos, vales de gasolina para sus vehículos, financiación de fiestas y regalos.

Igualmente se determinó que la intendente se apoderó de la tarjeta de la cuenta de ahorros de la esposa del patrullero, con la que hizo dos retiros: el 29 de julio de 2013 por $400.000 y el segundo, el 4 de agosto de 2013 por $200.000.

Cabe anotar que en la audiencia preliminar realizada el 13 de septiembre de 2017 ante el Juzgado Sexto Penal Municipal de Cali, el ente acusador les formuló cargos a las investigadas por el delito de concusión en concurso heterogéneo con amenazas a testigo. Sin embargo, al proferir la sentencia, el juez de conocimiento las absolvió de esta última conducta.

La decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley.

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