Las autoridades establecieron que en la mañana del 12 de octubre de 2018, el sacerdote llamó al padre de una niña de 13 años que colaboraba en la parroquia de Miranda, con el fin de que la llevara a la casa cural para una supuesta preparación de infancia misionera.
“(…) Llevó a la víctima al segundo piso, supuestamente para mostrarle las instalaciones, y la ingresó al dormitorio, donde abusó sexualmente de ella y le pidió, además, que hicieran lo mismo en otra ocasión y que no contara nada sobre lo sucedido”, señaló la Fiscalía.
Frente a este caso, el abogado Elmer Montaña, representante de la víctima, manifestó que desde el primer día que el religioso fue privado de la libertad, se encuentra en una casa y no en una cárcel.
“Ha gozado de múltiples beneficios que la ley no le confiere, y sale permanentemente a la calle”, expresó el profesional del derecho.
Agregó que a pesar de las solicitudes realizadas a los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, no se ha dado su traslado.
“Todos los sacerdotes condenados en el país por esta clase de delitos están recluidos en las cárceles y no en casas otorgándoles beneficios”,acotó Elmer Montaña.
El abogado también lamentó los señalamientos y persecuciones de las que han sido objeto la menor y sus familiares, por parte de personas que defienden al líder religioso y aseguran que se trata de una falsa denuncia.
“Para algunas personas de la población de Miranda este señor es un santo, es una víctima de señalamientos mentirosos…”.
En los últimos días, la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán ratificó la sentencia contra el sacerdote, por lo que deberá permanecer 16 años en prisión, condena que deberá cumplir en un centro carcelario.
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