Judicializado un exalcalde de Valledupar y otras cuatro personas más, presuntamente, implicadas en hechos de corrupción

Por solicitud de un fiscal de la Seccional Cesar, un juez de control de garantías judicializó al exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhia; su exsecretario de gobierno, José Juan Lechuga Zambrano; el exsecretario de educación, Luis Carlos Matute de la Rosa; al igual que a los contratistas Carlos Daniel Tres Palacios Carreño y  González Armenta.

La determinación está relacionada con las presuntas irregularidades en la suscripción de un contrato de prestación de servicios por 592’375.000 millones de pesos; cuyo objeto era fortalecer la orientación vocacional, profesional y técnica de 3.832 estudiantes del grado 11; con miras a mejorar el desempeño en entrevistas para acceso a instituciones de educación superior a nivel nacional.

Los procesados habrían vulnerado los principios de contratación pública, principalmente los de planeación.

Según la investigación, en los estudios previos no se tuvo presente que para la fecha en que se concretó la referida firma, las universidades en todo el territorio nacional estaban próximas a cerrar las inscripciones haciendo ineficaz el objeto del contrato.

También se conoció que en el pliego de condiciones se anotaron cláusulas exorbitantes que no permitieron garantizar el principio de transparencia, y se incurrió en sobrecostos relacionados con el alquiler de computadores portátiles, proyectores, amplificadores de sonido y micrófonos.

Elementos que además fueron adquiridos con una empresa cuya matrícula había sido cancelada en 2015.

Otras inconsistencias estarían relacionadas con la obligación que, al parecer, tenía el contratista, Carlos Daniel Tres Palacios Carreño de adquierir 320 profesionales especializados en humanidades y desarrollo humano y un comunicador social – periodista para formar a 40 grupos de estudiantes. Para este efecto se constató que fueron contratadas cuatro personas a quienes se les pagaron 62 millones de pesos; a cada una, por 80 horas de trabajo. Además, se presume que subcontrató a subcontrató González Armenta, quien habría ejecutado el contrato.