Un juzgado de Cúcuta admitió un incidente de desacato contra el presidente de la República, Abelardo de la Espriella; el ministro de Defensa, Jorge Mora, y el comandante de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez Aparicio, por un presunto incumplimiento de una orden judicial relacionada con la protección de menores de edad durante operaciones aéreas contra grupos armados ilegales.
La actuación judicial, conocida este 3 de noviembre de 2026, se origina en una tutela presentada por Natalia Bernal Cano, quien señala que el Gobierno no habría cumplido plenamente una sentencia del pasado 29 de septiembre.
Dicha decisión ordenó implementar medidas especiales de precaución y verificación antes de realizar bombardeos en zonas donde exista la posibilidad de presencia de niños, niñas y adolescentes reclutados ilegalmente por organizaciones armadas.
El juzgado otorgó un plazo de dos días a los funcionarios involucrados para que expliquen si acataron la orden y presenten sus argumentos de defensa.
Sin embargo, la autoridad judicial negó la solicitud de suspender todos los bombardeos y operaciones aéreas del país, al considerar que ese asunto ya había sido resuelto en una decisión anterior.
El fallo también establece que la presencia de menores en campamentos de grupos armados o el uso de prendas militares no permite considerarlos automáticamente combatientes, pues las autoridades deben evaluar si son víctimas de reclutamiento o utilización ilícita y garantizar la protección de sus derechos fundamentales.
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