Aída Quilcué, Consejera de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, asegura que en los territorios indígenas si hay presencia de la Fuerza Pública, pero que está no ha podido frenar los asesinatos de los indígenas.
“Todo el mundo ha manifestado que son las autoridades las que no dejan entrar la fuerza pública, y resulta que, en el norte del Cauca, tenemos dentro de los territorios indígenas siete bases militares, pero los atentados han seguido, entonces no entiendo cuál es la protección del Gobierno Nacional”.
Los grupos armados ilegales van detrás de los territorios indígenas y los puntos estratégicos.
“El mayor objetivo es doblegar a las comunidades. Los grupos armados obedecen a los grandes intereses de desarrollo económico del país, hablemos de la política extractiva minera, la política que se implementa en el país”.
Piden al Gobierno cumplir con las propuestas que por años han hecho las autoridades indígenas, la solución no es militar, se tiene que propiciar la inversión social.
“Que cumpla con las propuestas estructurales que han hechos en el marco del acuerdo de paz, que ponga recursos, que empiece a atender esa ausencia del Estado donde no han hecho presencia”.
La propuesta del defensor del Pueblo, Carlos Negret, de instalar una carpa blanca para articular de manera coordinada las acciones inmediatas que reclaman los pueblos indígenas, es algo que se está analizando, pero la ola de asesinatos hace que este punto pase a un segundo plano.
“En este momento nos encontramos en la atención humanitaria frente a los asesinatos, el tema de la carpa blanca no se ha discutido a nivel de las autoridades”.
En el norte del Cauca se intentará esta semana hablar sobre esa propuesta, pero más allá de una carpa blanca, piden que sus propuestas sean implementadas.
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