La Procuraduría estableció que en 3 gobernaciones y 15 alcaldías entregaron a 18 financiadores de sus campañas políticas, contratos por cerca de $6.000 millones, pese a estar inhabilitados.
Las gobernaciones son: Vichada, que suscribió un contrato con Jorge Eliezer Forero, por más de $1.700 millones; Atlántico, que firmó dos con una misma firma por $1.074 millones y la de Boyacá, que lo hizo a través del Instituto de Tránsito de Boyacá con Cayo Nixon Rincón por $24 millones.
En lo que tiene que ver con las alcaldías, la de Iatgüí (Antioquia) firmó, a través del Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita, 9 contratos por más de 1.000 millones y el Hospital Divino Niño de Buga Valle suscribió 4 negocios jurídicos por $689 millones.
Entre las alcaldías que contrataron con financiadores de campañas inhabilitados están en Antioquia los municipios de Argelia, Támesis, Barbosa y Maceo. También figuran las alcaldías de Puerto Rico, Caquetá, Piamonte, Cauca, Pueblo Bello, Cesar, Villa de Leiva Boyacá, y Consacá, Nariño.
Todos los aportes habrían sido de más del 2 % del tope establecido y por eso los mandatarios que los celebraron con esas personas naturales o empresas que estaban inhabilitadas serán objeto de investigación y, dice la Procuraduría, deberán darlos por terminados de inmediato.
A través de una directiva, el procurador Fernando Carrillo alertó a gobernadores y alcaldes sobre la inhabilidad de contratar con financiadores de campañas políticas que hayan superado el tope del 2%.
“Los mandatarios que celebraron contratos con personas naturales o jurídicas que estaban inhabilitadas serán objeto de investigación y están en la obligación de darlos por terminado, según corresponda en cada caso, mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentren”, dijo el Procurador.
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